Sugey del Carmen Salinas Jiménez, familiar de dos de las víctimas del ataque en Minatitlán, Veracruz, pide que le regresen su casa. Han pasado seis meses desde los hechos violentos y las autoridades, dijo, no le dan respuestas.
Por Ignacio Carvajal
Veracruz, 5 de octubre (Blog Expediente).– Los deudos de las víctimas de la masacre en Minatitlán, Veracruz, se presentaron en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos para pedir su intervención. Exigen que se levante una queja para que el Estado se haga responsable de las muertes y que lleguen los apoyos ofrecidos por las autoridades.
Durante este semestre, las familias han esperado que se presenten los respaldos que fueron prometidos por funcionarios de los tres órdenes de Gobierno. Sin embargo no han obtenido respuestas del Alcalde Nicolás Reyes Álvarez, del súper delegado del Gobierno de la República, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, de Lorena del Carmen Mendoza Sánchez, encargada de Atención a Víctimas de la entidad, ni del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.
Entrevistados para este texto, durante su proceso para presentar la queja en la delegación de la CEDH de la zona sur, los deudos señalaron que desde el día de los hechos están abandonados por las autoridades.
La euforia por la atención a las víctimas, la foto para los medios de comunicación y los grandes encabezados, le duró a las autoridades menos de un mes, señalaron.
En Minatitlán, hoy hay docenas de padres de familia, hermanas, madres y tías mantiene tomada la autopista Cosolecaque-La Tinaja, exigiendo un alto a la desaparición de mujeres y a los feminicidios en la región.
Representados por Alán Domínguez Muñoz, defensor independiente de los Derechos Humanos, los deudos señalaron que ni si quiera han sido reconocidos como víctimas.
SUGEY
Sugey del Carmen Salinas Jiménez, esposa de Heber Ricardo Reyes Martínez, “El Potro”, y hermana la dueña de la palapa “Los Potros”, donde ocurrió la masacre, dijo que aún no le han regresado el inmueble. Desde el 19 de abril, la Fiscalía General del estado lo tiene bajo resguardo y no le ha dado fecha para devolverlo.
El Fiscal del caso, Zaidel Nolasco Fernández, ya ni las llamadas ni mensajes le contesta. «Antes me decía que tuviera paciencia, que lo esperara, que le diera chance, que me iba a devolver la llamada, y nunca me la regresa», señaló.
Denunció que pese a que han transcurrido más de seis meses de esa tragedia, es lamentable que su casa no haya sido liberada por las autoridades.
Sugey del Carmen Salinas Jiménez, ama de casa y madre de familia, recordó que durante la balacera en la palapa “Los Potros” festejaban a otra familiar.
Desmintió que, como se dijo en medios, la palapa sea un salón de fiestas o una cantina. Reiteró que el espacio es un área familiar en donde eventualmente celebraban cumpleaños, reuniones, encuentros y eventos meramente de los más cercanos a sus seres amados.
Durante la masacre fue asesinado su marido y su hermana. Y desde entonces, ella y su familia cargan con el dolor de la doble pérdida. Ambos laboraban para Pemex, y su partida representó un golpe emocional y económico, dijo Salinas Jiménez.
Como la Fiscalía tiene la propiedad donde se alza la palapa bajo resguardo, y en ese mismo inmueble está la casa en donde tenía más de 20 años con su esposo e hijos, se tuvo que salir para pagar renta, pues las autoridades le han dicho que siguen investigando.
«Les pido que me puedan ayudar, necesito que me devuelvan mi casa, porque no solo tengo un hijo, tengo cuatro, me es difícil esta situación», relató.
Comentó que muchas de sus pertenencias fueron sacadas de su residencia, pese a que no era necesario pues ahí no pasó nada. La sangre que se regó en el lugar, de hecho, ni si quiera ha sido lavada pues las autoridades no lo permiten, agregó.
Aseguró que las familias de las víctimas pensaron que iban a repararles en daño, pero que sólo los agregaron a un programa social.
«Dijeron que eran los apoyos, pero eran unos préstamos, chiquitos, que teníamos que pagar tiempo después, al ver eso, muchos no quisimos meternos a algo así», dijo.
Alá Domínguez Muñoz, defensor independiente de los Derechos Humanos que está dando acompañamiento a las víctimas de la palapa Los Potros y Caballo Blanco, señaló que pareciera que las autoridades quieren buscar el mecanismo de extinción de dominio para dejar a su representada sin propiedad.
Relató que es preocupante la situación de los derechos de las víctimas en el sur de Veracruz, pues pese a tanto tiempo de la masacre, las personas no han sido atendidas por instancias como la Comisión de Víctimas, por lo que no les han pagado ni los servicios funerarios.
Adelantó que al igual que el caso Caballo Blanco, buscará que este tema sea llevado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de ahí se pida que se les reconozca la calidad de víctimas para luchar por la reparación del daño, pues esas muertes sin duda fueron responsabilidad del Estado mexicano.
Otros familiares, bajo anonimato, señalaron que pese al paso del tiempo, no han recibido apoyos para los gastos funerarios. Pese al arribo de autoridades federales, durante los primeros días después a la tragedia, todo quedó en promesas.
